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El Gobierno aprieta de nuevo al juego online: carteles tipo tabaco y un tope semanal conjunto

El Gobierno endurece su ofensiva contra el juego online con la implantación de carteles de advertencia “tipo tabaco” y un límite conjunto de depósitos de 1.500 euros semanales.
juego seguro ministerio de derechos sociales, consumo y agenda 2030

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha lanzado una nueva ofensiva regulatoria contra el juego online. En apenas unos días, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) sacará a consulta pública una resolución que obligará a los operadores privados a mostrar mensajes de advertencia sobre los riesgos del juego. Y no serán los típicos “juega con responsabilidad”, sino mensajes directos y duros, al estilo de las cajetillas de tabaco:

La idea del Ministerio es clara: que nadie pueda entrar en una web de apuestas sin encontrarse con un aviso contundente que le recuerde los riesgos. Los carteles deberán aparecer en la propia plataforma, en las apps y también en la publicidad digital.

El regreso del “Portal del Jugador”

Pero no es la única medida. El Gobierno también pretende desempolvar un proyecto que llevaba tiempo guardado en un cajón: la creación de un Portal del Jugador que centralice todos los depósitos de los usuarios. Bajo este sistema, cada persona tendría un límite máximo de 600 euros diarios y 1.500 euros semanales, aplicable de forma conjunta en todas las casas de apuestas online con licencia en España.

En la práctica, esto significa que si un jugador alcanza ese tope en un operador, no podrá depositar ni un euro más en ninguna otra plataforma hasta que termine la semana. El sistema contempla la posibilidad de modificar o incluso eliminar estos límites, pero con un retraso de tres días y con la restricción de hacerlo una sola vez cada tres meses.

Un planteamiento con efectos secundarios

Sobre el papel, ambas iniciativas buscan reforzar la protección del jugador y reducir los comportamientos de riesgo. Sin embargo, la experiencia internacional y las advertencias de organismos como la CNMC invitan a la cautela.

  1. Competencia distorsionada. Con límites globales, muchos usuarios tenderán a concentrar su actividad en una sola casa de apuestas. Eso supone reforzar la posición de los grandes operadores (con Bet365 a la cabeza) y debilitar a los más pequeños, que verán cómo resulta casi imposible convencer al cliente de “gastar su cupo” con ellos.
  2. Fuga hacia el mercado ilegal. Alemania ya vivió algo parecido: la implantación de topes estrictos provocó un trasvase hacia webs sin licencia, que crecieron un 63% en apenas dos años. Y si el jugador percibe que el marco regulado es demasiado rígido, la tentación de acudir a operadores “en la sombra” se multiplica.
  3. Doble vara de medir. Una vez más, el Gobierno carga las tintas sobre el juego privado mientras el juego público (rascas, ONCE, Loterías) sigue funcionando con menos restricciones y sin mensajes de advertencia tan llamativos. Europa ya ha advertido de los riesgos de estos productos para los menores, pero en España la asimetría sigue siendo evidente.

¿Medidas efectivas o simple retórica?

Que el juego conlleva riesgos no lo discute nadie. Que es necesario proteger a los menores y a los colectivos vulnerables, tampoco. La cuestión es cómo hacerlo. ¿Es más eficaz un cartel que repite “pierdes cuatro veces más de lo que ganas” o una política de educación y prevención real en colegios e institutos? ¿Es más sensato fijar un tope único y rígido para todos o apostar por límites personalizados según el perfil de riesgo del jugador?

La sensación es que el Ejecutivo busca titulares contundentes, aunque la letra pequeña pueda acarrear consecuencias no deseadas: concentración del mercado, crecimiento del juego ilegal y un trato desigual entre público y privado.

Un debate pendiente

España necesita un debate serio sobre la política de juego. Uno que huya tanto de la permisividad absoluta como del prohibicionismo simbólico. Un debate en el que participen reguladores, empresas, expertos en adicciones y también los propios jugadores.

Porque el juego responsable no se consigue solo con carteles llamativos ni con decretos que ahogan a un sector ya hipervigilado. Se consigue con información transparente, medidas proporcionadas y, sobre todo, con coherencia regulatoria. Y de momento, lo que vemos es más humo que luz.

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