Consumo endurece su pulso al juego online: 33 millones en sanciones y un aviso claro al sectorLa última resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego marca un nuevo hito en la presión regulatoria: seis operadores sin licencia quedan bloqueados y grandes marcas con licencia reciben sanciones por fallos técnicos y deficiencias en materia de juego responsable.Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo. Alamy/Imágenes SOPA limitadas Escrito por Juan Carlos MartínezActualizado: 25/11/2025, 12:11 Resumir con IAChatGPTPerplexity PerplexityGrok Grok El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha vuelto a mover ficha en su estrategia de control del juego online en España. Y lo ha hecho con la contundencia que, según el Gobierno, exige un sector en crecimiento constante, con más jugadores, más ingresos y también más riesgos. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha publicado una nueva batería de sanciones que asciende a 33,5 millones de euros, una cifra que confirma una tendencia: 2025 será uno de los años más duros en materia sancionadora desde que entró en vigor la Ley 13/2011. La resolución afecta a 32 operadores, con dos niveles de gravedad bien diferenciados. Por un lado, seis plataformas extranjeras (XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge) han sido castigadas con lo máximo: 5 millones de euros por cabeza y el bloqueo de sus páginas web, al operar sin licencia en España. Para el Ministerio, este es el mensaje más importante: tolerancia cero con quienes intenten colarse en el mercado español sin cumplir sus reglas. Pero el foco mediático, una vez más, recae en las sanciones impuestas a los operadores con licencia, entre los que figuran nombres tan conocidos como Betfair, 888 o Codere. En total, son 26 sanciones graves que superan los tres millones de euros y que evidencian que incluso las grandes compañías no están exentas de errores o incumplimientos. Tecnología, control y responsabilidad: los fallos más repetidos El listado de infracciones revela algo que se viene observando desde hace tiempo: muchas de las sanciones no se deben a prácticas comerciales abusivas, sino a deficiencias técnicas. Sistemas no homologados, software sin certificaciones, fallos en los requisitos de comunicación… infracciones que, sobre el papel, parecen menores, pero que en un sector regulado al milímetro tienen un impacto directo sobre la transparencia y la seguridad del jugador. 888 Online, por ejemplo, deberá pagar 250.000 euros por utilizar sistemas no autorizados y por irregularidades técnicas. Beatya Online (Admiralbet), 300.000 euros por motivos casi idénticos. Electraworks Ceuta (Bwin), 512.000 euros por una triple infracción que incluye algo especialmente sensible: permitir el acceso al juego a personas que lo tienen prohibido. Y luego está Betfair, sancionada con 100.000 euros por no cumplir correctamente sus obligaciones en materia de juego responsable. Este punto es clave: el Ministerio no solo vigila el marco técnico, también el social. El control de los jugadores vulnerables (autoprohibidos, menores, personas en riesgo) es uno de los pilares de la regulación actual. Codere, por su parte, recibe una multa relativamente baja, 17.500 euros, también por cuestiones técnicas. Pero incluso las sanciones pequeñas cuentan: todas pasan a ser públicas desde la reforma de 2021 y afectan a la reputación de los operadores. Un año de récords… y no solo en ingresos Estos 33 millones elevan el total de sanciones de 2025 hasta los casi 111 millones de euros. Y todavía queda mes y medio para cerrar el año. Para ponerlo en perspectiva: desde que las sanciones son públicas, en julio de 2021, la DGOJ ha acumulado 496 millones en multas. Una cifra que evidencia que el regulador no solo quiere controlar el sector, sino marcar un camino muy claro. Esto ocurre en un contexto en el que el número de jugadores online sigue aumentando (cerca de un 22% más en el último año) y el sector mantiene un volumen de negocio que supera los 8.000 millones. Crece la oferta, crece la demanda y, en consecuencia, crece también la supervisión. Opinión: ¿Más control o un aviso político? La pregunta que se abre ahora es si este endurecimiento sancionador responde únicamente a una cuestión técnica o si también tiene un componente político y comunicativo. El Ministerio, especialmente desde 2023, ha intensificado su discurso sobre la protección del consumidor y la lucha contra la ludopatía. Y estas sanciones (muy visibles, con nombres conocidos) funcionan también como recordatorio público: el juego online es legal, pero no es un terreno sin reglas. Las grandes compañías operan hoy en un marco mucho más exigente que hace cinco años. Pero también es cierto que, a medida que la tecnología avanza, las exigencias de homologación y certificación se vuelven más complejas. La línea entre una infracción técnica y un descuido administrativo puede ser fina, pero la DGOJ no está dejando espacio para interpretaciones. En todo caso, lo que está claro es que la estrategia del Ministerio no es transitoria. El sector del juego online seguirá creciendo y el regulador seguirá endureciendo su vigilancia. El mensaje es rotundo: el mercado español es seguro y legal, pero quien quiera formar parte de él deberá cumplir hasta el último requisito. Y si no lo hace, la administración no tardará en recordárselo. Temas DGOJ Recibe noticias de CDA desde Google News