Polémica con la venta de cupones

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Desde la Organización Impulsora del Discapacitado, pedirán a los diferentes partidos políticos su apoyo para solicitar al Gobierno que modifique la Ley del Juego y así poder acabar con el presunto monopolio que tiene la ONCE en cuanto a la venta de cupones.

En una nota de prensa han destacado que: “Después de realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección General de Ordenación del Juego (Ministerio de Hacienda) y también ante los ministros de Sanidad e Igualdad así como el de Empleo y Seguridad Social, la OID ha comenzado a contactar con los diferentes partidos políticos para modificar la Ley de Juego de 2011, la cual está hecha a medida de la ONCE, y que permite la desigualdad entre los discapacitados”.

Quiero, pero no puedo

La actual Ley del Juego solamente autoriza a las loterías en España al Estado y a la ONCE, impidiendo al propio Estado poder designar a otros operadores para la comercialización de juegos que se lleven a cabo por entidades que no tengan fines de lucro y cuyos objetivos sean benéficos.

Desde la OID advierten que la Administración niega de manera sistemática la entrada a cualquier otra clase de operador, evitando darles el título habilitante que se requiere por ley. En el caso de la OID, han declarado que llevan esta autorización desde sus inicios, encontrándose la última solicitud en proceso en el Contencioso-Administrativo.

Dionisio González Otero, presidente de la OID ha declarado que la legislación del juego en nuestro país está consolidando un monopolio que conculca diferentes artículos de la propia Constitución Española, haciendo referencia exactamente a los artículos 7, 9.2, 9.3, 14, 35, 66.2, 81 y 134 entre muchos otros.

Además afirman que contradice directamente con la normativa europea, especificando exactamente el Tratado de Roma y la jurisprudencia que hay al respecto, la cual prohíbe toda clase de monopolio salvo por razones de excepción, algo que en España no sucede y con los requisitos de no discriminación y no publicitar aquello que se prohíbe.

¿Cuál será la respuesta del Ejecutivo? ¿Y de la ONCE? La polémica está servida.

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